El día 21, hora local, entró oficialmente en vigor la "Ley Chip" europea. Un anuncio emitido por la Comisión Europea ese día afirmaba que el plan promueve la industrialización de tecnologías clave a través del "Plan Europeo de Chips" y alienta a las empresas públicas y privadas a invertir en las instalaciones de fabricación de los fabricantes de chips y sus proveedores. En el marco del proyecto de ley, la UE planea establecer un mecanismo de coordinación entre los estados miembros y la Comisión para fortalecer la cooperación entre los estados miembros, monitorear el suministro de chips, estimar la demanda y activar mecanismos de emergencia cuando sea necesario.
El anuncio afirmaba que Europa representa menos del 10% del mercado mundial de producción de semiconductores y depende en gran medida de proveedores de terceros países. Si las cadenas de suministro globales se ven gravemente perturbadas, el sector industrial europeo podría agotarse en un corto período de tiempo, paralizando la industria europea.
Según la Ley CHIP, la UE reunirá 11.150 millones de euros en inversión pública de las instituciones y estados miembros de la UE para 2030, y aprovechará grandes cantidades de inversión privada. En julio de este año, el Parlamento Europeo aprobó la Ley Chip. El proyecto de ley exige que la cuota de producción mundial de chips de la UE aumente del 10% actual al 20% para 2030 para satisfacer sus propias necesidades y las del mercado mundial.