Un tribunal comercial de Estados Unidos escuchará el viernes si los aranceles globales de importación del 10% impuestos por la administración Trump son legales. Varios estados y pequeñas empresas dijeron que la medida eludió un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que había invalidado la mayoría de las políticas arancelarias anteriores de Trump.
Veinticuatro estados liderados por demócratas y dos grupos de pequeñas empresas demandaron a la administración Trump para detener los nuevos aranceles que entraron en vigor el 24 de febrero. Un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos escuchará los argumentos del caso a las 10 a.m. ET (14:00 GMT).
Trump ha hecho de los aranceles un pilar central de su política exterior durante su segundo mandato, afirmando una amplia autoridad para imponer aranceles unilateralmente sin la aprobación del Congreso. La administración Trump dice que los aranceles globales son una medida legal y apropiada para abordar el actual déficit comercial causado por el hecho de que Estados Unidos importa más de lo que exporta.
Trump impuso nuevos aranceles basándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición autoriza la imposición de aranceles de hasta el 15% a bienes importados por un período máximo de 150 días cuando Estados Unidos enfrente un "enorme y grave déficit de balanza de pagos" o para evitar una inminente devaluación del dólar estadounidense.
Los estados y las pequeñas empresas argumentaron que la autoridad arancelaria bajo la Ley de Comercio sólo se aplica a emergencias monetarias de corto plazo y que los déficits comerciales regulares no cumplen con la definición económica de "déficit de balanza de pagos", según dos quejas presentadas ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York.
Trump anunció nuevos aranceles el 20 de febrero. El mismo día, la Corte Suprema emitió un fallo importante en su contra, rechazando los aranceles a gran escala que había impuesto en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), dictaminando que la ley no le otorgaba la autoridad arancelaria que afirmaba.
Antes de Trump, ningún presidente de Estados Unidos había utilizado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles. Las dos demandas no cuestionan otros aranceles que Trump ha impuesto bajo una autoridad legal más tradicional, como los recientes aranceles sobre acero, aluminio y cobre importados.